El Consejo de Ministros, en coherencia con los compromisos de Sostenibilidad de la agenda 2030 y, en concreto, con el establecido por el ODS 12.3 de “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha en 2030”, ha aprobado el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Esta Ley, que tiene el firme propósito de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos, contiene 18 artículos estructurados en seis capítulos, que imponen nuevas obligaciones para los agentes de la cadena alimentaria. Entre estas obligaciones, se pueden destacar, por ejemplo, la relativa a la disposición de un plan de prevención de las pérdidas y desperdicio para todos los agentes de la cadena alimentaria o el establecimiento de medidas de buenas prácticas para la administración y los distintos eslabones de la cadena que eviten el desperdicio de alimento.

Es igualmente destacable la inclusión de un régimen sancionador en la Ley. Dicho régimen prevé sanciones que pueden ir desde leves con multas de hasta 2.000 euros, como la relacionada con la negativa a colaborar con las administraciones públicas para la cuantificación de los residuos de alimentos hasta infracciones muy graves, sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, para aquellas segundas o ulteriores faltas graves que se cometan en un plazo de dos años.